Movilización social y representación política
18 DE DICIEMBRE. El hilo sinuoso entre 2001 y 2017

Por Facundo Nahuel Martín (CONICET)

Las jornadas de lucha de las últimas semanas pueden haber constituido un punto de inflexión para el macrismo. El tiempo dirá si la aprobación de la reforma previsional constituyó una victoria pírrica que socavó la legitimidad de Cambiemos, marcó el primer jalón de una serie de medidas regresivas a ser implementadas con aceleración creciente durante 2018, o alguna combinación de ambas cosas. Como sea, es claro que el movimiento popular en nuestro país se encuentra activo y en pie de guerra incluso tras las amargas elecciones de octubre, donde el macrismo pareció consolidarse como primera minoría electoral ante un campo de oposiciones dispersas y fragmentadas. A diferencia de las movilizaciones casi ritualizadas en medio de una triste sensación de derrota de los meses previos, los sucesos desdencadenados desde el jueves 16 nos hicieron sentir otra vez que estamos en la pelea, que el macrismo puede haber ganado en las urnas pero no ganó todavía en la sociedad. El miedo y la bronca por la represión y por la sordera gubernamental, pero también la alegría de la pelea, tomaron la calle. Esta situación exige una lectura que contraste los últimos dos años sobre el trasfondo de los últimos 16, dando cuenta de las mudanzas y permanencias en las dinámicas sociales abiertas.

Entre las corridas, los gaseos y la dura represión de las tardes del jueves o del lunes y la movilización espontánea del 19 por la noche, era difícil no recordar las jornadas de 2001. Sin embargo, sobre todo en la noche del último lunes, muchos de los manifestantes tenían menos de 30 años, de modo que vivieron el 2001 en la niñez. Para muchos de esos jóvenes, la movilización de esta semana puede haber sido un momento de ruptura biográfica: enfrentar una represión o tomar las calles de una ciudad espontáneamente son de esas experiencias que cambian a las personas de modo durable. Tal vez, muchos jóvenes comiencen a militar y organizarse después de esta semana. Tal vez surjan nuevas experiencias organizativas de estos procesos de lucha y de los que vendrán. Al mismo tiempo, los protagonismos juveniles no impiden que aparezcan continuidades y memorias. Se repiten aprendizajes, experiencias y acumulados políticos populares, desde la difusión de los cuidados colectivos (“llevá un pañuelo, limones, gorro”) hasta la apelación espontánea a métodos como el cacerolazo. El 18 de diciembre se vivenció una continuidad histórica de memorias y combates que ya atraviesa casi a dos generaciones. Un hilo de recorrido sinuoso une diciembre de 2001 y diciembre de 2017.

De 2015 a esta parte

¿Qué clivaje político está viviendo la Argentina? Siempre es difícil narrar las cosas políticas mientras ocurren. Las “oraciones narrativas”, como las llama el filósofo Arthur Danto, oraciones que describen un hecho pretérito conectándolo con otros que le son distantes en el tiempo, sólo se formulan en retrospectiva. Cuando se dispara el primer tiro de una revolución nadie puede narrar el hecho de esa manera (“hoy se disparó el primer tiro de la revolución”): a lo mejor, a la mañana siguiente matan a todos los revolucionarios y se terminó el asunto, a lo mejor, efectivamente “hacen la revolución” y pueden envejecer contando anécdotas de insurrecciones y maniobras a la posteridad, albergados en la seguridad de los palacios gubernamentales postrevolucionarios. Leer coyunturas políticas en desarrollo es proyectar las más probables (y a veces las más deseables) miradas retrospectivas del provenir. Un poco como imaginar las oraciones narrativas que podríamos contarnos en el futuro, trazando un cuadro hipotético de las cosas en desarrollo. Se trata de una tarea sometida a extremas inseguridades, más falible incluso que el resto de las –siempre imprecisas de por sí– elucubraciones políticas. Pero es una tarea indispensable porque sólo actuamos con esa imaginación del futuro y esa idea de estar insertos en un proceso global que contiene tiempo en su interior, a cuyo desenvolvimiento asistimos y en el que podemos incidir (o eso necesitamos creer).

Cuando el macrismo asumió nos hacíamos dos grandes preguntas: 1) el giro derechista ¿se implementará mediante un shock o con gradualismo?; 2) ¿se consolidará este gobierno, o enfrentará una rápida crisis política que lo encaminará a la esperada salida en helicóptero de la Casa Rosada? Hoy parece que las respuestas (con las salvedades hechas arriba, que valen para todo este texto) son: más gradualismo que shock y, a lo mejor por ese motivo, más consolidación (relativa) que crisis inminente. Estas dos respuestas son, a su vez, índices de la lucha de clases: el ascenso de Cambiemos al poder marcó un nuevo ciclo político para la Argentina, pero no (inmediatamente) una nueva correlación de fuerzas estable entre las clases sociales. La pelea permanece abierta, aunque hayan ganado algunas batallas importantes al respecto.

El oficialismo ha avanzado de modo muy parcial y distorsionado con su programa político derechista. O mejor: la naturaleza de su proyecto político se ajusta menos a las voluntades del elenco gobernante que a las correlaciones de fuerzas preexistentes, que condicionan fuertemente el horizonte de lo posible. El macrismo se ha caracterizado por “reformismo permanente” de derecha que hay que caracterizar con precisión. No se trata en sentido estricto de un plan de ajuste estructural (el gasto público, por ejemplo, no ha disminuido). En estos dos años hubo un deterioro palpable pero no brutal de las condiciones de vida de la clase trabajadora y los sectores medios. Las reformas gubernamentales han insistido sobre ejes aparentemente centrados en cuestiones de peso en términos represivos y culturales, sumando avances “estrictamente económicos” en nodos clave pero no en forma generalizada. Al día de hoy, el de Cambiemos parece algo como un proyecto de derecha con presupuestos estatales elevados. Los ataques se centran en los niveles de disciplina social a las “leyes del mercado” como reguladoras fundamentales de la vida colectiva. Dos ejes son prioritarios allí: el avance sobre la politización conflictiva de la vida cotidiana en la sociedad argentina y el ataque a los derechos históricos de la clase trabajadora. El centro de su política ha buscado quebrar y desmovilizar a los movimientos populares y la sociedad en general, recomponer niveles superiores de docilidad frente a la autoridad estatal, sembrar el miedo ante el aparato represivo del Estado y lesionar los niveles de protección jurídica y política de la clase obrera.

El macrismo, con los lineamientos de arriba, ha avanzado constantemente pero no sin retrocesos, tanteos y reorientaciones forzadas. Esta capacidad de avanzar y retroceder ante una sociedad donde no han sido barridos algunos consensos progresistas importantes explica, creo, la consolidación relativa del gobierno en octubre. La clave de su legitimidad parcial como primera minoría ha sido probablemente su capacidad para medir el pulso del movimiento social, calcular las consecuencias más riesgosas de sus intervenciones y ceder cuando la conflictividad desatada así se lo exige. Con la victoria en las últimas elecciones el macrismo ha probado ser una opción con capacidad de gobernar y sostenerse en el poder en principio, pero no recibió un respaldo claro para desplegar ofensivas mayores o ajustes acelerados.

Cambiemos supo, al menos hasta cierto punto, representar las expectativas y aspiraciones de una porción de la población estructurando la manera como muchas personas se representan a sí mismas su situación, incluyendo en ello también algunas consideraciones y expectativas racionales. En parte ha sabido responsabilizar a la gestión anterior por los deterioros en el nivel económico. En parte se ha montado sobre un deseo de normalización mercadológica, no necesariamente “fascista” ni de ultra-derecha, que cree en la necesidad de una sociedad basada en criterios de mérito donde el éxito sería resultado del sacrificio y el trabajo. Su condición de derecha liviana y culturalmente aggiornada, con contornos gay friendly y algunas políticas modernizadoras, le permite vestir de a ratos los ropajes de un cambio progresivo que oxigenaría la institucionalidad constituida.

Cuando el macrismo asumió no lo hizo expresando una modificación preexistente de las relaciones de fuerza entre clases. Podrían generar un cambio así, pero eso no parece haber ocurrido todavía, ni siquiera después de octubre de 2017. En los meses que nos separan de la elección la alianza gobernante, sintiéndose legitimada por el veredicto de las urnas, decidió acelerar las cosas y avanzar en ataques más profundos. Sin embargo, sería un error leer los resultados previos como un cheque en blanco para ejecutar una ofensiva social brutal. En los últimos días se puso de manifiesto esta situación. La aprobación de la reforma previsional contra tres gigantescas movilizaciones populares y el amplio rechazo en las encuestas, pueden constituir una victoria de doble filo para el gobierno. En efecto, es posible que su intransigencia con ribetes autoritarios y fuertes escaladas represivas haya despertado una reacción que no sea posible mitigar ni controlar. O bien, claro, es posible que esta victoria legislativa augure nuevas reformas regresivas y dé lugar, ahora sí, a una derrota significativa de la clase trabajadora. Elementos como la avidez de parte del peronismo por acordar con Cambiemos (intercambiando apoyo parlamentario por recursos del Estado nacional) y la docilidad de las direcciones sindicales ante el gobierno (ante la inminente reforma laboral) podrían ser factores de estabilidad institucional, en contraste con la movilización masiva en las calles. Sin embargo, ha quedado claro es que todavía no hay en Argentina un nuevo estado de cosas estable que haga posible pasar un paquete muy agresivo de medidas derechistas sin suscitar la reacción social. Ahora se ponen de manifiesto consensos sociales progresistas pero, sobre todo, memorias de luchas y conflictos cuya genealogía no puede reconstruirse sin remitir a diciembre de 2001.

Elementos de fondo: del 2001 a hoy

Aquéllos 19 y 20 marcaron el epicentro de un largo ciclo de resistencia al neoliberalismo que tuvo efectos duraderos sobre los mapas políticos argentinos. Los sectores subalternos supieron entonces poner en pie un grado de movilización y conflictividad que obturaron de hecho la posibilidad de continuar con el consenso neoliberal como se dio durante los 90. El Estado operó en esa década como agente inmediato de los intereses de los sectores dominantes, avanzando derrota a derrota sobre derechos históricos de la clase trabajadora. Muchos factores posibilitaron esto, desde el consenso negativo producto del temor a la hiperinflación hasta la memoria de la violenta represión en la última dictadura militar, que diezmó a los sectores más organizados y combativos e impuso el temor y la disciplina. El 2001 marcó el agotamiento de aquella forma de Estado, ligada de modo directo e inmediato a los intereses de la clase dominante, en un marco de estrangulamiento de la acumulación de capital bajo los patrones heredados. En términos políticos, se expresó entonces algo como un “empate hegemónico” entre fuerzas sociales. Los variopintos protagonistas colectivos de la lucha, fundamentalmente los movimientos de trabajadores desocupados y el asambleísmo de las clases medias urbanas, mostraron una enorme capacidad de resistencia y movilización que hacía imposible sostener la legitimidad social con los esquemas políticos, económicos y sociales preexistentes. Sin embargo, no fue posible entonces formular un proyecto autónomo y alternativo de poder capaz de encolumnar a amplias mayorías. Esto se debió en parte a limitaciones propias de los movimientos y en parte a factores históricos de largo plazo como el descrédito general del socialismo como proyecto social global, las dificultades para que otros sectores de la clase trabajadora se incorporaran a la movilización y la ausencia de direcciones políticas legítimas con proyectos de transformación social. Esta situación dual generó un contexto de crisis donde los esquemas de gobierno de los 90 no podían sostenerse, pero los movimientos que encabezaron su puesta en crisis tampoco podían hacerse cargo de una salida política general.

La resolución de la situación descripta vino de la mano de la elección de Néstor Kirchner en 2003, con un proyecto de conciliación de clases a su vez montado en el relanzamiento de la acumulación de capital. La devaluación del peso y el auge de la exportación sojera propulsaron la reactivación económica, al tiempo que el gobierno construyó, sin alterar radicalmente la matriz productiva heredada, un Estado de compromiso de clases que se hizo cargo de algunas demandas históricas de los sectores progresistas (juicios a los genocidas, matrimonio igualitario, etc.) al tiempo que desplegaba algunas importantes políticas redistributivas (reapertura de paritarias, profusión de planes sociales, etc.). Ese doble esquema garantizó los doce años de relativa estabilidad social, en un contexto donde el Estado se volvió otra vez más poroso a los intereses de los sectores subalternos, asumiendo parte de su agenda y respondiendo a la movilización con negociaciones antes que con meros palos y represión.

El kirchnerismo logró una institucionalización parcial de la resistencia social de 2001. Efectivamente recompuso la legitimidad estatal y normalidad. Sin embargo, no logró una canalización completa de las demandas y conflictos por vías institucionales normalizadas. Por el contrario, durante toda la década el recurso a la acción directa, la protesta callejera, los cortes de ruta y la movilización fueron recursos permanentes para cualquier sector que pretendiera hacer oír sus reclamos (desde los sindicatos combativos hasta las patronales agrarias). El encauzamiento institucional resultó suficiente para replegar a los movimientos y calmar el desborde, pero fue muy parcial en relación a la conflictividad social de conjunto. Al mismo tiempo, esa institucionalización parcial se expresó en una recomposición fragmentaria de la representación política y el sistema de partidos. El PJ y la UCR, los protagonistas tradicionales del bipartidismo argentino, perdieron centralidad o se fragmentaron (esta última, casi hasta desaparecer como fuerza de envergadura nacional), apareciendo una multiplicidad de fracciones en movimiento donde el PRO y el FPV serían candidatos sin garantías de éxito en el proyecto de establecer una nueva dualidad electoral de largo plazo. La crisis de representación, sintetizada en el grito “¡que se vayan todos!” se tornó fragmentación en la representación: una pluralidad de actores se disputan la conducción política en un contexto fluctuante donde las sorpresas, las traiciones y las rupturas son moneda corriente.

El macrismo, podemos decir, expresa la alternativa de derecha que mejor pudo crecer durante la pax kirchnerista. Con un discurso moderado, el PRO pudo instalarse lentamente como una alternativa con posibilidades crecientes, hasta que la alianza con la UCR y Carrió los condujo al poder. En parte, las condiciones del triunfo de Cambiemos se gestaron lentamente durante el kirchnerismo (desmovilización parcial de los sectores populares, pacificación social, pero también lento achicamiento del crecimiento económico con la baja de las commodities y la llegada del usual “cuello de botella” de la expansión capitalista argentina). Una vez en el poder, el macrismo se dedicó a tratar de  construir la correlación de fuerzas sociales que le permita avanzar de modo más decisivo con su proyecto derechista. Finalmente, intentaron acelerar y profundizar ese curso después de octubre, suscitando una reacción popular de envergadura y pasando una reforma regresiva por un margen estrecho, tras negociaciones arduas y levantamientos de sesiones legislativas. Hoy, parece que esa nueva situación global de disciplinamiento social y consenso neoliberal que el macrismo necesita desesperadamente generar no se ha plasmado aún. Incluso después de octubre, la viabilidad de una nueva normalidad de derecha no parece garantizada.

El 2001 legó varios elementos que permanecen en la política argentina: la calle como recurso constante, la fragmentación de los partidos tradicionales, la persistencia de algunos consensos progresistas que –de momento– no se han visto suprimidos. Lo primero se plasma en una memoria de luchas que no se ha barrido y que alcanza incluso a nuevas generaciones activistas que no vivenciaron personalmente las jornadas de diciembre o que las vieron por televisión mientras hacían la primaria. Lo segundo da lugar a dinamismos y cambios políticos continuos, en un contexto de cierta imprevisibilidad de largo plazo sobre la política electoral argentina. Finalmente, el intento de Cambiemos de pisar el acelerador con reformas más agresivas para los sectores populares generó respuestas importantes, lo que indica que no hay todavía una derechización general de toda la sociedad.

Una pregunta se abre con respecto a las múltiples y cambiantes representaciones políticas argentinas. Por ahora, no parece que la fórmula “que se vayan todos” esté por regresar: la lucha callejera, hoy, no se da en ausencia de representaciones legítimas sino ante un escenario de pluralidad fragmentaria de representaciones viables. El futuro de los acontecimientos depende ante todo de la conflictividad social, que parece todavía evitar la consolidación de Cambiemos como opción hegemónica. Mientras los movimientos populares, los sindicatos y la sociedad permanezcan con estos niveles de movilización y la conflictividad no ceje, el macrismo se las verá difíciles para estabilizarse a largo plazo. Sin embargo, ello no obtura la necesidad de construir una alternativa política con capacidad hegemónica en este nuevo momento. Hoy parece posible imaginar que una o varias fuerzas políticas expresen en el plano de la representación la nueva ola de conflictividad social. Cuáles serán las configuraciones de esas fuerzas, permanece abierto.

 

Foto de portada: Luciana Rolón

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