Efemérides
A 6 años del matrimonio igualitario

Por Renata Hiller (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. CONICET) y
Daniel Jones (Universidad de Buenos Aires. CONICET)

Panorama, desafíos y estrategias del movimiento de la diversidad sexual

En la madrugada del 15 de julio de 2010 se aprobaba en el Senado argentino la ley 26.618 de matrimonio civil, más conocida como de “matrimonio igualitario”, que habilitó a parejas de gays y lesbianas a contraer matrimonio en idénticas condiciones que las heterosexuales. Desde entonces, y con datos que estarán actualizándose en estos días, en los primeros cinco años de su sanción casi diez mil parejas habían contraído matrimonio en todo el país (aunque su distribución era muy irregular, alcanzando en la Ciudad de Buenos Aires 104 bodas cada 100.000 habitantes, mientras en algunas provincias del NEA y NOA estas bodas no llegaban a 10 cada cien mil). Más allá de los cambios en las vidas personales de quienes se casaron y quienes (ahora pudiendo) deciden no hacerlo, nos interesa trazar un panorama que permita identificar desafíos y estrategias del movimiento de la diversidad sexual a seis años de dicha norma.

¿En qué contexto se discutió y sancionó la ley?

En Argentina, entre 2003 y 2015 se han discutido y aprobado diversas leyes nacionales sobre sexualidad, reproducción, familia y género, y se han desarrollado políticas públicas novedosas: los programas de Salud Sexual y Procreación Responsable (ley 25.673 de 2002) y de Educación Sexual Integral (ley 26.150 de 2006); las leyes de anticoncepción quirúrgica (26.130 de 2006), protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (26.485 de 2009), identidad de género (26.743 de 2012) y fecundación asistida (26.862 de 2012). La gran deuda pendiente del período es el derecho al aborto legal: pese a que hubo avances desde poderes estatales y el activismo, el aborto continúa penalizado bajo una legislación vigente desde 1921 y cuya interpretación, si bien ha sido explicitada con claridad y potestad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sigue siendo discrecional según las provincias, los efectores de salud y las mismas usuarias.

Los movimientos de mujeres, feministas y de la diversidad sexual impulsaron gran parte de estas iniciativas, al instalar su debate en la agenda pública y construir alianzas con otros actores, entre ellos, referentes y organizaciones kirchneristas. Esta dinámica política entre los movimientos socio-sexuales y la coalición gobernante se ha dado en el contexto más amplio de nuevas formas de articulación entre movimientos sociales y Estado, observable en otras áreas durante esos doce años. Lo sucedido en el campo de los derechos humanos quizás sea el ejemplo más evidente.

¿Qué se puso en juego en ese proceso político?

El debate que acompañó el tratamiento de los proyectos de reforma de la ley de matrimonio civil fue intenso. En el breve lapso que duró, entre fines de 2009 y mediados de 2010, hubo realineamientos de y entre los actores de la contienda, y la demanda de reconocimiento de la conyugalidad gay-lésbica acabó siendo definida como un reclamo en torno al tratamiento igualitario: a lo largo del proceso, el movimiento de la diversidad sexual demostró habilidad para trazar alianzas con otros actores (dirigentes políticos, referentes del mundo artístico, líderes sindicales e incluso cierto activismo religioso aunado a la iniciativa); mientras que, por el contrario, los sectores reactivos al proyecto fueron construyendo un discurso cada vez menos persuasivo y marcadamente minoritario. Asimismo, cuando la iniciativa comenzó a debatirse se barajaban otras formas de reconocimiento legal de las parejas gay-lésbicas (como contratos, uniones civiles, pactos de convivencia). Sin embargo, la definición del problema (por acción tanto de sus defensores como de los detractores) fue convirtiéndose paulatinamente en un debate no sobre los derechos y garantías de unas u otras parejas, sino fundamentalmente una discusión en torno a la igualdad ciudadana. Así definido, la respuesta estatal solo podía ser la reforma del régimen matrimonial, ya que cualquier otra salida hubiera sido leída como trato discriminatorio.

El análisis de la disputa en torno a la ley 26.618 produce resultados ambivalentes en cuanto a la construcción de la democracia en nuestro país. Por una parte, el proceso reconoció en un movimiento social (en este caso, el de la diversidad sexual) la capacidad de promover un debate público y transformar marcos normativos sacralizados. A la vez, promovió coaliciones e identidades políticas novedosas y movilizó espacios públicos informales, haciendo que la discusión se trasladara a cada esquina, mesa de café y aula. Finalmente, se reafirmó el carácter político de la igualdad. Esto es, una noción de igualdad no basada en datos contrastivos (A es idéntico a B), sino en la necesidad de tratamiento equitativo por parte del Estado hacia -precisamente- lo que es diferente.

Por otra parte, ese mismo proceso señaló zonas oscuras en tanto su resultado fue presentado como producto del consenso al cual, más temprano que tarde, las sociedades arriban. El conflicto que efectivamente existía entre las distintas posturas fue remitido a una colisión entre propuestas modernizadoras versus tradicionales, basando muchas veces el resultado de la contienda en argumentos de justicia moral. Cabe interrogar, entonces, en qué medida la ley de matrimonio, colocada en esta narrativa, podría colaborar a otras disputas vinculadas a la sexualidad y a los procesos de democratización en general.

Panorama y agenda del movimiento de la diversidad sexual hoy

Los efectos de las transformaciones legislativas que mencionamos al comienzo no han sido homogéneos. Mientras que en algunos casos, como el matrimonio igualitario, la mera existencia de la ley ha sido suficiente para su implementación, en otros se ha librado (y se libra) una “guerra de trincheras” entre y con quienes deben llevarla adelante (por ejemplo, para la educación sexual integral dentro del sistema educativo). Como sucede en otras políticas que requieren de recursos materiales y de personal burocrático capacitado, en algunos casos la concreción de la ley en política pública es insuficiente o sufre mutaciones y adaptaciones locales (por ejemplo, los aspectos sanitarios de la ley de identidad de género).

A su vez, muchas de las leyes que en su momento despertaron fuertes antagonismos, en la actualidad son ampliamente aceptadas por partidos y referentes políticos que las combatieron en el recinto parlamentario. Por caso, ni el presidente Mauricio Macri ni otros referentes de la Alianza Cambiemos han sugerido derogar el matrimonio igualitario (ni siquiera la vicepresidenta Gabriela Michetti, que como diputada votó en contra y encabezó dentro de su espacio uno de los sectores más reacios a la reforma de la ley), ni derogar las restantes leyes sobre sexualidad, género, familia y reproducción mencionadas. Mientras que la actual coalición de gobierno en ciertos asuntos -como la política de medios audiovisuales- pretende volver a foja cero, casos como los que venimos viendo parecen ser normativas que han llegado “para quedarse”. La pregunta es cómo.

En vísperas de las elecciones de 2015 discutíamos qué estaba en juego en el horizonte de la ciudadanía sexual, de cara al cambio de ciclo político. Entonces referíamos a la alternativa de profundizar o no el accionar estatal, mediante el fortalecimiento de los programas ya existentes y el involucramiento o no de militantes sociosexuales en la burocracia pública. Éste fue parte del recorrido en el período kirchnerista, donde hubo una fuerte integración de activistas como funcionarios del Estado, una vez que éste abrió sus puertas en áreas de políticas públicas específicas.

Es en este punto donde observamos los mayores contrastes a partir de diciembre de 2015. En primer lugar, en sus primeros meses, el gobierno encabezado por Mauricio Macri ha desactivado políticas públicas que contaban con fuerte impulso del gobierno previo, ya sea desfinanciándolas, otorgándoles menor jerarquía en el organigrama estatal, desarmando equipos de trabajo y/o disminuyendo ostensiblemente el personal asignado. Tal es el caso de dos de los Programas Nacionales a cargo de la implementación de leyes que referimos: el de Educación Sexual Integral y el de Salud Sexual y Procreación Responsable. Bajo los argumentos de reducir el déficit fiscal heredado y/o eliminar “la grasa militante” del Estado1, estos programas se encuentran desde hace meses en “fase de diagnóstico”, ha habido demoras en las entregas de insumos y en ambos hubo trabajadoras despedidas.

En paralelo, este gobierno ha incorporado a algunas figuras del movimiento feminista (como Fabiana Tuñez, directora ejecutiva de la Casa del Encuentro, nombrada Presidenta del Consejo Nacional de la Mujer), así como militantes del PRO gays o trans (es el caso de Pedro “Piter” Robledo designado como Subsecretario de Juventud de la Nación, y de Mara Pérez Reynoso, como Coordinadora de Diversidad del Ministerio de Seguridad de la Nación). Sin embargo, la incorporación de estos cuadros no pareciera equivalente a las formas de articulación entre movimientos sociales y Estado presente en el período anterior: si durante el kirchnerismo muchos militantes sociosexuales fueron sumados a la burocracia estatal a partir de su trabajo territorial en organizaciones, en estos nuevos casos primaría la expertise (más técnica que política) o la adscripción política partidaria de personas gays, lesbianas o trans.

Estas decisiones del gobierno nacional en sus primeros meses permiten suponer que no hay voluntad política de realizar cambios normativos en cuestiones de sexualidad, género, familia y reproducción (ni de avance, ni de retroceso), pero sí de reducir los recursos materiales y humanos asignados a la implementación de políticas públicas que garantizaban y garantizarían el acceso y el ejercicio efectivo de muchos de estos derechos, en el marco de un ajuste estructural del Estado.

En segundo lugar, las iniciativas del gobierno nacional para controlar la protesta social mediante la aplicación de protocolos “anti piquete”, la reemergencia de mayores potestades otorgadas a las fuerzas de seguridad2 y un clima social de creciente impunidad para acciones violentas contra grupos subalternos, parecen entrañar nuevos y viejos peligros para varios miembrxs de las comunidades gay, lésbica y trans. En particular, para integrantes de organizaciones políticas (sean estas vinculadas a las luchas sexuales o no), y para travestis –y todas las personas- que ejercen la prostitución/trabajo sexual callejero, históricamente sometidas a extorsiones policiales.

Si las efemérides sirven para la reflexión y el balance, cabe interrogar cuál sería la nueva agenda de los movimientos de la diversidad sexual a seis años de la ley de matrimonio igualitario y ante este panorama. Dicha ley, en tanto iniciativa exitosa del campo de la diversidad sexual, puede funcionar como un resguardo positivo y/o como un “collar de melones”. Frente a la resolución de la demanda, un primer riesgo sería la creciente despolitización de los colectivos de la diversidad sexual o, incluso, su desaparición (hace tiempo un famoso texto interrogaba si los movimientos identitarios no estaban destinados a su autodestrucción, una vez alcanzados los objetivos que le dieron origen). Otro de los desfiladeros posibles (transitados por los movimientos de la diversidad sexual en otras latitudes) apunta a la creación de nuevas normativas, ahora centradas en la capacidad punitiva del Estado (y entonces se impulsa la penalización de la homofobia, el agravamiento de las penas por causal de género, etc.). Quienes aquí firmamos desconfiamos que aquel tipo de medidas disuadan las acciones discriminatorias y violentas hacia mujeres, gays, lesbianas, bisexuales y trans, y más bien creemos que podrían ser utilizadas para profundizar el acoso estatal sobre sectores ya marginalizados.

Corresponde, entonces, abordar dos frentes de actuación significativos para los movimientos de la diversidad sexual y sus aliados. Por un lado, garantizar el ejercicio efectivo de los derechos formalmente reconocidos por la legislación sancionada en el período anterior. En este caso, uno de los (nuevos) desafíos que enfrentan los colectivos de la diversidad sexual es diseñar modalidades de intervención que se orienten no a cambios normativos, sino a la efectiva implementación de aquellos ya obtenidos. Se trata de tareas de accountability, es decir, de seguimiento, monitoreo y control del accionar estatal. El desmantelamiento de los programas vigentes hasta diciembre de 2015, vía reducción de fondos y personal, exige una voz de alerta y movilización para revertir, vía presión política, decisiones que comprometen el acceso a los recursos imprescindibles para una ciudadanía sexual democrática e igualitaria.

Por otro lado, cierto clima social y político intolerante y crecientemente represivo puede augurar más hechos de violencia que tengan como víctimas a sectores de la comunidad de la diversidad sexual. Si bien no son privativos de este momento histórico ni atribuibles meramente a decisiones gubernamentales, varias pistas indican que podrían suponer riesgos crecientes. Mantener visiones reduccionistas, que suponen estos hechos de violencia como meras expresiones de un pensamiento “recalcitrante”, “fundamentalista” o en base a “fobias”, oblitera lecturas más interesantes acerca de los vínculos que pudieran estar dándose entre la renovada legitimación de las desigualdades sociales y la desenfadada violencia física.

Retomar coaliciones amplias y los sentidos de igualdad, presentes en el debate sobre matrimonio igualitario, pueden ser caminos valiosos a transitar bajo estas nuevas coordenadas políticas, para garantizar y hacer efectivos los derechos conquistados.

 

1 En enero de 2016, el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay se refirió a los miles de despidos en diferentes organismos estatales: “Encontramos un Estado vacío de contenido y lleno de militantes”, y agregó “no vamos a dejar la grasa militante, vamos a contratar gente idónea”.

2 En enero de 2016 el Poder Ejecutivo decretó la “Emergencia Nacional en Seguridad”. Bajo el argumento del combate al narcotráfico, la prostitución de menores y la trata de personas (entre otros) amplía potestades y partidas presupuestarias para las fuerzas de seguridad. En junio, la Cámara de Diputados dio media sanción a dos proyectos de ley: el primero de ellos introduce la figura del “agente encubierto”, el “revelador” y el “informante”; el segundo amplía el procedimiento ultra rápido para los casos considerados de flagrancia.

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