A 43 años del golpe contra Allende
El neoliberalismo como Constitución

Por Fernando Muñoz
(UACh)

Chile no logra salir de su cárcel

Septiembre es un mes cargado de historia en Chile. Insurrecciones de todo tipo, juntas de gobierno y elecciones presidenciales se han sucedido a lo largo de los siglos, llenando el calendario de efemérides para todos los gustos. La izquierda, por ejemplo, conmemora hasta el día de hoy el 4 de septiembre, fecha en que el socialista Salvador Allende ganó las elecciones presidenciales en 1970 y llegó al Poder Ejecutivo con la promesa de iniciar un nuevo ciclo en la historia nacional. La derecha, durante un largo tiempo, consideró como una Segunda Independencia el 11 de septiembre, día en que en 1973 el general Augusto Pinochet encabezó un golpe mediante el cual las Fuerzas Armadas derrocaron a Allende. Tras estas electrizantes fechas, los asados y las cantidades ingentes de alcohol que acompañan invariablemente al 18 de septiembre, cuando se conmemora el establecimiento de la Primera Junta de Gobierno en 1810, reúnen nuevamente a toda la familia chilena.

Es necesario reconocer que, desde mediados de la década del 2000, la derecha comenzó a ocultar su pinochetismo tras el escándalo de las cuentas bancarias que Pinochet mantenía en el extranjero. Sin embargo, el legado de la dictadura sigue vigente: se expresa en un modelo económico basado en la apropiación de los recursos naturales por parte del empresariado extractivista, en la mercantilización de la educación, la salud y la seguridad social, y en la desprotección de trabajadores, y consumidores. Este modelo se ve reconocido y protegido por la Constitución vigente, redactada por los asesores jurídicos de la dictadura y aprobada mediante un plebiscito fraudulento el 11 de septiembre de 1980, y que, depurada de sus rasgos políticamente más autoritarios mediante reformas constitucionales acordadas entre la derecha y la centroizquierda en 1989 y 2005, subsiste sin mayores cambios en todo aquello que se relaciona con el modelo económico.

¿Cómo se explica que Chile sea no sólo el único país que ha mantenido vigente una constitución redactada por una dictadura, sino también el único país donde el neoliberalismo ha recibido tal consagración constitucional? La historia que explica estos hechos se remonta a la primera mitad del siglo XX. Al igual que en muchas otras democracias occidentales, en los años 30’ se institucionalizó en Chile un arreglo político entre clases que, si bien mantuvo en posiciones de dominación a las clases propietarias (el empresariado, los terratenientes, los especuladores urbanos), al menos permitió que parte de las clases trabajadoras participaran de la discusión sobre la distribución de la riqueza a través de sus sindicatos y los partidos políticos que representaban sus intereses.

Ese arreglo político nunca fue estable, y a lo largo de todo el período estuvo plagado tanto de problemas macroeconómicos como de vaivenes electorales, que impidieron que alguna coalición lograra alcanzar simultáneamente la presidencia y la mayoría en ambas cámaras del Congreso, así como que, a partir de la década de los 50’, ninguna coalición lograra mantenerse dos períodos en la presidencia. Asimismo, convivió con una década de criminalización de la militancia comunista mediante una ley que incluso privó al poeta Pablo Neruda de su cargo de senador y lo forzó a escapar a Argentina; y, hasta 1967, con una legislación laboral que prácticamente imposibilitaba la sindicalización formal en el sector agrícola.

Así y todo, las clases subalternas se abrían espacio en el orden social chileno, a la manera en que lo hacen las clases subalternas: conflictivamente, a través de mecanismos de movilización, protesta, y autoorganización. Dichas luchas permitieron la construcción de un proyecto político que iba más allá de los principales partidos oficiales de la izquierda, de los cuales uno, el Partido Socialista, estuvo constantemente agobiado por escisiones internas, y el otro, el Partido Comunista, estuvo sometido a la conducción soviética y perseguido por la criminalización; y todos los cuales estuvieron permanentemente desafiados por alternativas ‘pequeñoburguesas’ que ofrecían reformas sociales similares, pero enmarcadas dentro del consenso capitalista y alineadas políticamente con Estados Unidos.

En consecuencia, la elección del senador socialista Salvador Allende en 1970 simbolizó la perseverancia no solamente del candidato, que competía por cuarta vez en las elecciones presidenciales, sino también del movimiento social, cuyas luchas daban contenido al programa de gobierno de la Unidad Popular. Esta victoria se dio en un momento en que los sectores populares, particularmente el movimiento sindical industrial, el campesinado, y los movimientos de pobladores, habían comenzado a disputar abiertamente la hegemonía a las clases dominantes, en línea con el proceso de radicalización que en otras naciones occidentales estaba ocurriendo paralelamente.

En el caso de trabajadores industriales y agrícolas, esta disputa se expresó en el intento de asumir autónomamente la gestión del espacio productivo, desafiando el sentido común capitalista que asume la incapacidad intelectual del trabajador manual como fundamento de la posición de mando del dueño de los medios de producción. Así fue como, a través de las ‘tomas’ u ocupaciones de empresas y de fundos agrícolas, los trabajadores expresaron su voluntad de ir más allá de lo permitido por las leyes laborales y de reforma agraria, redactadas precisamente por los ya referidos sectores ‘pequeñoburgueses’. En el caso de los pobladores, las grandes ‘tomas’ de terrenos llevadas a cabo en los años 50’ habían establecido enclaves populares de desafío a los criterios mercantiles de administración del suelo urbano. La floreciente cultura militante de esos enclaves sirvió también como espacio de producción y difusión de una cultura popular abiertamente contrahegemónica.

Ambos ejemplos son particularmente elocuentes, pues nos remiten a casos en los que la disputa contrahegemónica se produjo in situ, en los espacios mismos que estructuraban los intereses y la identidad social de los grupos dominantes y subalternos a partir de su inserción en determinadas relaciones históricas de carácter económico (producción, intercambio, distribución y consumo) o político (dominación y subordinación, rebeldía y reacción). La sola subversión de estas relaciones históricas, con el consiguiente cuestionamiento de las posiciones de privilegio que surgían a partir de ellas, ya habría sido algo en sí suficientemente traumático para los privilegiados. La manera rápida y particularmente vanguardista en que los sectores subalternos actuaron, forzando a la institucionalidad estatal a intervenir en la regularización jurídica de sus tomas de empresas, fundos, y terrenos urbanos abandonados, o bien agudizó el trauma de los dominantes, o al menos les sirvió para afectar traumatización.

Frente a esta acción vanguardista de las clases subalternas, el gobierno no tuvo otra salida que intentar darle una forma institucional, regularizándola dentro de los marcos de la legalidad vigente, la cual era paralelamente criticada como expresión puramente formal de los ideales democráticos. A fin de regularizar las ‘tomas’ de empresas, el gobierno invocó la atribución contenida en el Código del Trabajo de nombrar ‘interventores’ estatales en las unidades productivas donde un conflicto entre patrones y trabajadores impidiera la producción. Lo mismo se hizo con la atribución contemplada en la Ley de Reforma Agraria de crear ‘asentamientos’, una modalidad comunitaria de gestión de la tierra que la ley contemplaba como un paso previo a la subdivisión de la gran propiedad hacendal. Y a fin de evitar los desalojos de terrenos urbanos ordenados por el Poder Judicial, el Ejecutivo invocó las disposiciones constitucionales y legales que le encomendaban el control de la fuerza pública, dejando así sin ejecución dichas órdenes judiciales alegando que los desalojos constituirían una amenaza para la integridad física de terceras partes y un peligro para el orden social. Asimismo, y a fin de cumplir con la promesa de creación de un sector de la economía gestionada por la autoridad estatal, el gobierno empleó la atribución de ‘requisar’ empresas catalogadas como de utilidad pública que le entregaba el Decreto Ley Nº 520 de 1932.

En suma, el gobierno de Allende, carente de mayorías parlamentarias que le permitieran crear nuevas leyes, hizo un uso creativo e instrumental de la legalidad vigente, intentando reconciliarla con las demandas sociales y el programa electoral que le habían llevado al poder. Su único, pero significativo resultado parlamentario fue la aprobación en 1971 de una reforma constitucional que nacionalizó la minería. Las transnacionales del cobre, que durante largos años se habían beneficiado de utilidades excesivas, no recibieron ni un peso: ya habían robado demasiado.

Los intelectuales de las clases dominantes –medios de prensa, políticos, abogados y jueces– dieron forma al reclamo de las mismas ante el actuar popular vanguardista, el que caracterizaron como una disolución del orden social. Asimismo, dirigieron sus críticas contra los esfuerzos del gobierno por darle una forma institucional regularizadora de la institucionalidad estatal. Así, caracterizaron como un uso de ‘resquicios legales’, de argucias legalistas, la invocación de disposiciones legales vigentes que entregaban atribuciones discrecionales al Presidente para intervenir en diversos tipos de conflictos productivos y sociales. Como crítica jurídica, evidentemente, esta crítica fracasa, pues el Presidente Allende no hizo sino ejercer aquellas atribuciones discrecionales de acuerdo a lo que su criterio como Jefe de Estado le indicaba. Como discurso político, en cambio, la narrativa de los ‘resquicios legales’ fructiferó, en la medida en que le proveyó de un discurso, primero, a los parlamentarios de la Democracia Cristiana y del Partido Nacional que llamaron al golpe de estado desde la Cámara de Diputados el 22 de agosto de 1973, y después, a quienes ejecutaron la verdadera destrucción de la legalidad el 11 de septiembre del mismo año.

Los militares que llevaron a cabo el golpe argumentaron hacerlo en defensa de la legalidad y de las tradiciones nacionales; pero en realidad actuaron movidos por las exigencias del capital transnacional y nacional. De ahí que, más allá de su retórica nacionalista, su proyecto refundacional estuviese inspirado en las utopías de una ‘sociedad libre’: libre de politización, esto es, de conflicto de clases, y libre de intervención estatal en la economía. La Constitución de 1980 buscó consagrar el anverso ideológico del Chile anterior a 1973; y su propósito explícito y directo ha sido el de impedir que ese Chile resurgiera. La Constitución fue, entonces, el nunca más de la dictadura. Que nunca más el Estado dispusiese de los instrumentos para redistribuir significativamente la propiedad, ni las clases subalternas el poder –popular– para demandar tal intervención.

La entrada en vigencia de la Constitución de 1980 marca un período de inflexión en la historia política chilena. Ella logró incrustar en la legalidad un modelo económico neoliberal y un modelo político autoritario. Y si para la élite la Unidad Popular había producido un trauma contra el conflicto social y la intervención estatal, la izquierda construyó su propio trauma, que se expresó en una revalorización del respeto a la legalidad como valor intrínseco. Una parte del Partido Socialista inició a fines de los 70’ un proceso de renovación en el exilio, el que condujo hacia mediados de los 80’ a su alianza con su antiguo enemigo ‘pequeñoburgués’, el Partido Demócrata Cristiano. Pero dicha fracción del socialismo sencillamente se sumó a la tesis de este último partido, consistente en reconocer la Constitución de 1980 y sumarse a su calendario electoral, que contemplaba la realización en 1988 de un plebiscito para ratificar la permanencia en el poder de Pinochet. Pinochet, inesperadamente para él, perdió el plebiscito y las elecciones del año siguiente transformaron al demócrata cristiano Patricio Aylwin en el primer presidente civil desde Allende.

Como se observa, el precio que deliberadamente pagaron los líderes demócrata cristianos y socialistas que condujeron la Transición que comenzó en 1990 fue el respetar no sólo la Constitución sino también el modelo neoliberal que dicha Constitución simboliza y custodia. Desde ese momento, la coalición de centroizquierda protagonizada por la Democracia Cristiana y el Partido Socialista ha funcionado como una fuerza de desactivación y contención del malestar social.

Quizás el ejemplo que mejor grafica esta situación se dio durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. En aquel entonces, específicamente el año 2006, comenzó un ciclo de movilización de los estudiantes de educación secundaria, quienes exigían poner fin a las políticas neoliberales en el ámbito educacional. En respuesta a estas exigencias, la Presidenta convocó a un grupo de representantes de la sociedad civil, incluyendo a dirigentes estudiantiles, a discutir un proyecto de ley, el que posteriormente fue enviado al Congreso. En el curso de este proceso legislativo, las demandas de los estudiantes fueron minimizadas, y finalmente desechadas totalmente. El resultado del proceso legislativo, la Ley General de Educación, entró en vigencia en 2010. Y pese a que la Ley General de Educación no recogió ninguna de las demandas centrales del movimiento estudiantil, los partidos de derecha y de centroizquierda sostuvieron públicamente que habían resuelto el problema educacional. Este triunfalismo se encarnó en una foto en que, en la ceremonia de promulgación de la Ley General de Educación, la Ministra de Educación y los presidentes de los partidos políticos representados en el Congreso se tomaron de las manos y las alzaron, como si fueran un equipo deportivo que acaba de triunfar en una competencia olímpica.

Esta derrota dejó entre los estudiantes un importante aprendizaje. Por un lado, comprendieron que la Constitución, que regula el proceso electoral y legislativo, consiste en un dispositivo de desactivación de las demandas sociales. De ahí que el 2011, cuando se reinició la movilización estudiantil, una de las demandas centrales fue que se promulgase una nueva Constitución, demanda que sintetiza la demanda por una nueva regulación del proceso político y por el fin al neoliberalismo. El segundo aprendizaje fue que había una crisis de representación: la centroizquierda no representaba adecuadamente los intereses de los sujetos situados en una posición de subalternidad en el mundo neoliberal. Ese aprendizaje se ha visto recientemente ratificado tras descubrirse que importantes empresas extractivistas, incluso una perteneciente al yerno de Pinochet, han financiado las campañas electorales de la centroizquierda, y en particular del Partido Socialista.

En cuanto a la demanda por una nueva constitución, Bachelet ha anunciado la realización de un largo y complejo proceso ‘constituyente’, en el cual, sin embargo, la participación de la ciudadanía es puramente consultiva, mientras que la decisión final sobre los contenidos constitucionales queda en manos del Ejecutivo y del Congreso. Ha habido quienes han aplaudido el anuncio de Bachelet porque delinea un itinerario constituyente de manera más transparente, y con más espacios de participación (consultiva), que lo que jamás haya existido en nuestra historia política. Sin embargo, considerando que los actos constituyentes que dieron origen a las tres Constituciones Políticas más duraderas de nuestra historia fueron ejercicios particularmente autoritarios del poder constituyente, no es tan claro que esta comparación sea particularmente reveladora.

Por lo demás, hay que juzgar el carácter inclusivo de algo a la luz no de los estándares del pasado, sino de los estándares conceptuales del constitucionalismo y de los estándares políticos de las luchas sociales en curso. En ese sentido, hay que recordar que para la teoría del poder constituyente es clarísimo que el único ejercicio legítimo de dicho poder es a través de un mandato emanado directamente del pueblo, sin intermediación del texto constitucional vigente. En cambio, Bachelet ha optado por otro camino: no el de la legitimidad constituyente del pueblo, sino el de la legalidad constitucional del texto constitucional vigente. Ese texto constitucional vigente es la Constitución de 1980, y eso circunscribe radicalmente las posibilidades constituyentes del proceso constituyente de Bachelet; pues cualquier iniciativa que se quiera llevar a cabo tendrá que cumplir con los requisitos legales establecidos en dicho texto, lo que le entrega en bandeja la llave del proceso a los parlamentarios, y, en consecuencia, a la expresión política del empresariado, los parlamentarios de la derecha y de la centroizquierda. La movilización social que ha creado la posibilidad de una nueva constitución, en tanto, se ve absolutamente burlada y anulada con el itinerario constituyente de Bachelet.

En consecuencia, la consolidación del proyecto neoliberal en Chile se ha visto beneficiado por la transformación de la izquierda histórica, que de encabezar un proyecto de transformación social ha pasado a constituirse en una fuerza conservadora, empeñada en legitimar la institucionalidad pinochetista y en desactivar el potencial transformador del malestar social. Esto explica que Michelle Bachelet, elegida con un programa que prometía reformas estructurales, haya preferido aprobar reformas legislativas que profundizan el modelo y diseñar un proceso constituyente que ha privado de soberanía a la ciudadanía. Eso explica, también, que las escasas posibilidades de que los chilenos logremos instaurar un nuevo régimen constitucional que ponga fin al neoliberalismo, y no nos veamos satisfechos con un texto constitucional que no represente un cambio estructural, dependen de una significativa transformación del sistema de partidos políticos, mediante la cual ganen espacio los movimientos y organizaciones que han surgido de la movilización estudiantil y que hoy intentan actualizar el mensaje de Allende.

El momento inaugural de un nuevo ciclo histórico, de hecho, no será necesariamente una asamblea constituyente ni una nueva constitución. Si algo nos enseña la historia de Chile durante el siglo XX es que los nuevos ciclos históricos no comienzan específicamente con la promulgación de una nueva Constitución, sino con un reordenamiento significativo en el sistema de partidos políticos que sea expresión a su vez de una nueva hegemonía, entendida como una rearticulación en las relaciones de poder social. No fue la Constitución de 1925 la causa del surgimiento de un estado interventor, orientado hacia la protección social; la causa de ello fue el relativo empoderamiento de las clases trabajadores y su capacidad de canalizar sus demandas mediante partidos políticos cuya estructura orgánica les ofrecía un espacio de participación y cuya ideología estaba sintonizada con sus necesidades. El fin del neoliberalismo, entonces, está inevitablemente hermanado al fin de la actual centroizquierda y el nacimiento de una nueva izquierda que sea expresión de las actuales luchas sociales.

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