Política en Brasil
El proyecto perdurable de Michel Temer

Por Cecilia Abdo Ferez
(UBA/UNA/CONICET)

La belleza suele tener un efecto adormecedor. Su poder de captura de las impresiones, de los sentidos, modera y aletarga cualquier juicio contrariante. Todo se obnubila ante la belleza, hasta tornarla un sedante. Brasil vive en ese estado; su belleza es esa capa que lubrica y dulcifica incluso lo intolerable. No es inconciencia, ni siquiera pereza: es un velo gozoso que impone esa naturaleza privilegiada y que distrae los días, hasta eternizar el tiempo de demora de cualquier atisbo de justicia social. Brasil muestra al mundo que puede organizar un evento a escala planetaria y ser un lugar de confraternización cosmopolita y juego limpio. Pero no es esto último. No hay juego limpio en la política brasilera y cualquier observador externo, luego de restregarse los ojos, podría percibirlo. Luego de la disquisición inútil -salvo para los pruritos conceptuales de la politología- sobre si se está o no ante a un golpe y más allá de aquello que los medios argentinos esperan encontrar (algún desaforado que se tome a golpes con un hincha brasileño para demostrar su nacionalismo enclenque; algún robo o tiroteo que visualice a las favelas y regocije, por mezquina comparación), lo grave es lo que el interinato de Michel Temer permite prever: que no será un interinato, por ilegítimo que cuente, sino un cambio de las reglas de juego, que comprometerá a Brasil y, sobre todo, a sus masivos sectores populares, durante las dos décadas siguientes, al menos. Ese deseo de cambiar las reglas del juego, sin haber pasado por las urnas para hacerlo, puede llamarse como se quiera, pero no es juego limpio. Y merece ser observado desde la Argentina, por la complementariedad de agendas.

“La democracia y la ciudadanía son cuerpos extraños al capitalismo brasileño. Esa es la cuestión que está en juego. El capitalismo brasilero no convive ni con la democracia, ni con los derechos sociales”, dice en la última edición de la revista Caros Amigos el profesor de Economía de la Unicamp, Eduardo Fagnani. Esa convivencia intolerable entre democracia, derechos sociales, ciudadanía y capitalismo se agudizará si el interinato consigue aprobar y efectivizar las medidas que proyecta y que resultarían un fin de ciclo, ya no de los gobiernos petistas, sino de la configuración constitucional del país, que se remonta a 1988, con la salida de la dictadura militar. Esas medidas, a grandes rasgos, son:

-la Propuesta de Enmienda a la Constitución, presentada por el Ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, que establece un Nuevo Régimen Fiscal. Esta propuesta, de audacia improcedente para un gobierno que, en el mejor de los casos, es transitorio, dispone que el Estado no tendrá más la obligación de cumplir con las inversiones mínimas establecidas por la Constitución de 1988, en políticas sociales -particularmente en educación, salud y jubilaciones-. Todos los gastos primarios (esto es, todos los gastos, excepto pagos de intereses y amortización de la deuda interna y externa) tendrán un techo, a partir de 2017 y por el lapso de 20 años, que se ajustará de acuerdo al aumento de la inflación. Para ello se tendrá como referencia el presupuesto de 2016 -un presupuesto bajo, dado el ajuste de 2015-. Si las inversiones mínimas obligatorias en política social, establecidas constitucionalmente, excedieran ese techo (dado lo que Meirelles llama “Presupuesto cero”), el Estado quedará dispensado de la obligatoriedad de realizarlas, lo que permite prever, por primera vez desde la democratización, una desinversión social y una liberalización de las posibilidades de concentrar los ingresos públicos, preferentemente, en pagos de la deuda. La llamada “Desvinculación de Recetas de la Unión” (esto es, que el gobierno pueda echar mano sin límites constitucionales al presupuesto público y reordenarlo a su antojo) no es un mecanismo del todo nuevo para la política brasilera, pero ahora quedaría fijado por una enmienda constitucional, impulsada por un gobierno dudoso. No se trata de las revertir las políticas populistas o no del PT, sino de cambiar de cuajo lo que la democracia brasilera impuso como consenso social a seguir, desde su recuperación. Para darse una idea de la sinergia entre Congreso y Ejecutivo, se debe notar que ante esta propuesta de enmienda, el Congreso no impuso un control más férreo de los gastos permitidos de realizar al Ejecutivo, sino una autorización de erogaciones superior a la dada al gobierno de Dilma Rousseff -a quién se quita del medio, supuestamente, por un desbarajuste fiscal-.

  • La propuesta de reforma del sistema jubilatorio, que pretende establecer una edad mínima para jubilarse y la reducción de la diferencia de la edad requerida para hombres y mujeres.
  • Una apertura a las privatizaciones, sobre todo en Petrobras, en las áreas centrales de provisión de gas en garrafa (vital para muchos hogares de bajos ingresos), provisión de materiales de la industria petrolera y construcción naval. Y la apertura a inversiones extranjeras directas, sin obligatoriedad de respetar el mínimo actual del 30% de la participación de Petrobras, para la explotación de las reservas de petróleo del pre-sal, situadas en las aguas profundas de Rio de Janeiro.
  • Un cambio en el sistema de inteligencia, a partir de la reinstalación del Gabinete de Seguridad Institucional, que había cerrado Rousseff, y el nombramiento de un militar -el jefe del Estado Mayor del Ejército, Sérgio Westphalen Etchegoyen-, para su comando. La decisión de poner a un militar al mando de la inteligencia -uno, además, públicamente crítico de la investigación de los crímenes de la dictadura- provocó incluso la publicación de una carta abierta de la Agencia Brasilera de Inteligencia, para exigir el respeto de la tradición que rige que un civil, un técnico si se quiere, debe ser quien esté a cargo del á
  • Un proyecto de blanqueo de capitales, en pos de capturar inversiones.

A esto se suman cambios esperables en la política de relaciones exteriores -el canciller José Serra ya hizo su previsible encuentro con Henrique Capriles, a pesar de ser Venezuela uno de los mejores compradores de alimentos del Brasil- y una apertura de frentes de conflicto con movimientos sociales, dada la paralización de aquellas obras del plan “Minha casa, minha vida” que estaban destinadas a ser construidas por organizaciones sociales -para someterlas a auditoría, por lo pronto- y la finalización del crédito para acceder a una vivienda para los estratos de la población que reciben hasta tres salarios mínimos -o sea, los más pobres, donde se concentra el 85% del déficit habitacional-. Todo esto, en medio de una economía estancada pero con inflación, con altas tasas de endeudamiento público y privado -vaya un síntoma: una de las propagandas televisivas más repetidas es que, ahora, desde la comodidad de la internet, se podrá renegociar los pagos adeudados con los bancos- y antológicas diferencias sociales.

Sin dudas, durante los gobiernos petistas (por citar los que están en cuestión) hubo desmanejos, impericia, corrupción. Pero que no se crea que Dilma se va por esto: se va, quizá, porque no supo parar a tiempo las investigaciones judiciales, que amenazaban salpicar a toda la clase política y sus compradores económicos (Temer incluido) y que prefirió usarla de chivo expiatorio de una reforma que no va a tolerar y de los privilegios que no va a resignar. Temer, su vicepresidente -elección fatídica-, asume con menos popularidad que ella inclusive y sin un programa votado, que, sin embargo, puede cambiar las reglas del juego, más allá de 2018.

Brasil precisa muchas cosas, para ser algo más que bello y cordial para aquellos y aquellas que lo habitan. Lo que precisa, no está en los planes del interino.

 

Foto de portada: por Cecilia Abdo Ferez

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