Nueva arremetida para bajar la edad de punibilidad
Periodismo para pocos

Por Silvia Guemureman (IIGG-OAJ/ Conicet), Vanesa Salgado (IIGG-OAJ), Julia Pasín (IIGG-OAJ) y Denise Fridman (IIGG-OAJ)

El inescrupuloso tratamiento mediático de la figura de un niño de 11 años que realizó el programa conducido por Jorge Lanata en Canal 13 el pasado domingo no es más que un nuevo escalón como parte de una evidente avanzada para promover la baja de la edad de punibilidad en nuestro país.

A comienzos del 2017, el Ministro de Justicia Germán Garavano anuncia que pondrá en marcha un proceso de reforma del Régimen Penal Juvenil. Con argumentos basados en la agenda mediática y sin sustento estadístico, el anuncio puso una vez más en escena la discusión sobre la baja en la edad de punibilidad, siendo la posición oficial pasar de 16 a 14 años.

A partir de ese pronunciamiento, distintas organizaciones sociales, grupos académicos, asociaciones gremiales y organismos de derechos humanos se nuclearon en dos colectivos, Argentina No Baja y No a la Baja, para hacer frente a la avanzada punitiva del gobierno.

En febrero, el mismo Ministerio de Justicia convocó a una serie de reuniones que en el marco de 8 Comisiones de Trabajo discutirían la reforma del Régimen Penal Juvenil. Alrededor de 40 expertos se pronunciaron entonces mayoritariamente en contra de bajar la edad de punibilidad, con argumentos basados tanto en la estadística criminal -que muestra por ejemplo que en 2015 en la Provincia de Buenos Aires la cantidad de causas penales iniciadas en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil representan apenas el 3,6% del total de las causas penales que se inician en la provincia, siendo sólo el 1% delitos graves contra la vida-; como en el conocimiento específico del funcionamiento del sistema penal juvenil y de las violaciones de derechos humanos involucradas.

Aun habiendo admitido que no obtuvo el consenso necesario, el Ministro de Justicia anunció que el proyecto de gobierno contemplaría la baja en la edad “solo para los delitos graves”. A fines de mayo el Ministerio de Justicia convocó a una “Mesa técnica de trabajo sobre estrategias de intervención con adolescentes no punibles”, invitando a muchos de los expertos y actores que habían sido convocados a las reuniones de febrero. Allí, el Dr. Ricardo Gil Laavedra, encargado de la comisión redactora del proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil, anunció que el borrador del proyecto de ley estaba avanzado, que se presentaría durante el mes de junio, que no preveía bajar la edad de punibilidad y que faltaba resolver un sistema de articulación con los no punibles.

Sin embargo, algunas semanas después, y a raíz del asesinato en Lomas de Zamora de un niño de tres años (hecho lamentable que aparentemente habría involucrado a una persona menor de edad y que alcanzó gran trascendencia mediática), el Gobierno, a través de la voz del Secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, volvió a ejercer presión para obtener la baja en la edad de punibilidad.

A principios de julio, UNICEF Argentina, convoca a una reunión de presentación de un Informe sobre Adolescencia, en el marco del cual se anuncia la despedida de la representante de Unicef en el país, quien personificó la posición de Unicef –Argentina en una firme y contundente posición contraria a la baja. Su despedida fue leída por muchos sectores como la remoción de un obstáculo de envergadura para avanzar con el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

Es en este marco que aparece el programa televisivo, que decide poner bajo la mirada de millones a un niño de 11 años, cuyo apodo todos conocemos desde entonces, el “Polaquito”. Se lo expuso como cara visible de los “menores delincuentes”: impiadosos, irreflexivos y brutales, y en carácter de tales, la condensación de la “inseguridad”. Fue el rostro de victimario, y no el de víctima. No se puso de relieve, bajo la mirada de millones, la infinita cantidad de veces que en su corta vida, todos sus derechos fueron vulnerados –con acción u omisión de actores estatales diversos.

Los responsables de la puesta al aire del material proyectado han incurrido en numerosas violaciones a las normas vigentes. En primer lugar, ignorando todas las pautas referidas al tratamiento que deben tener los niños y niñas en los medios de comunicación, incluidas no solo en las leyes nacionales como la 26.061, sino en tratados y acuerdos internacionales. En segundo lugar, colocando a ese niño en riesgo por su integridad física y psicológica en un contexto de extrema vulneración de derechos y de ausencia del Estado.

La TV expone a un niño de 11 años a contar una historia de profecías autocumplidas, lo empuja a fabular sobre supuestas hazañas delictivas, sin reparar en la veracidad o falsedad de sus dichos, sin contextualizarlos en función de su edad y entorno. Los medios le despojaron de cuajo la niñez alentándole el delirio delictivo, transformándolo en “el villano” y dejándolo sin escapatoria. Muestran a un niño solo, pero el niño tiene una madre que salió a dar la cara en distintos medios, a explicar lo que la TV no dijo: que su hijo no es un monstruo, que nadie nunca le ofreció una solución, que ella sola – y las organizaciones sociales que la acompañan – son los únicos que están y estuvieron siempre presentes, que al niño lo engañaron, en fin que el Estado fracasó y fracasa en garantizar sus derechos.

La mirada estigmatizadora no remite solamente a “ese” niño, el informe se realiza desde Villa Caraza (conurbano bonaerense), referenciando así la pobreza al delito, y ubicando a los niños y jóvenes pobres como el peligro, lo peligroso, los causantes de la temida inseguridad.

El programa dio lugar, luego de la “entrevista”, a un “debate” de periodistas, supuestos “entendidos” en la cual no participó ningún especialista en el tema. Se mostraron expresiones del neoliberalismo en alianza con el progresismo punitivo: en honor a la garantía de derechos la solución que abogan es el encierro.

La denuncia del Movimiento de Trabajadores excluidos (MTE) y de la madre del niño “entrevistado”, sobre supuesta coacción y la aparente presencia del Ministro de Seguridad del municipio de Lanús en el hecho, no hacen más que confirmar la voracidad con la que se arremete contra los pibes de las barriadas populares de forma premeditada, sistemática. Se arremete cuando se quita presupuesto en políticas sociales, se arremete cuando se militariza los territorios con saturación de fuerzas de seguridad, se arremete cuando se los reprime por la ocupación del espacio público, cuando se extorsiona, cuando se golpea brutalmente, cuando se detiene en forma arbitraria, cuando se cercenan libertades … en nombre de la “seguridad”.

Se trata de niños/as sobre los que el Estado ejerce distintas violencias: por omisión, a través de la ausencia de políticas públicas, a través de un inadecuado funcionamiento del sistema de protección; y también por acción directa, a través de las distintas formas de violencias represivas y punitivas, a través del accionar policial, a través del castigo físico, a través de las discriminación, la denigración y la estigmatización que ejerce el sistema penal, a través del encierro, golpeándolos en más de un sentido, porque eso es lo que hace el sistema penal al cual se los quiere ingresar desde cada vez más pequeños/as a los adolescentes. No es apreciación subjetiva, es fáctico.

Es cierto que es urgente que el Estado se haga cargo de la niñez destinando un presupuesto adecuado para el cumplimiento de la ley de promoción y protección de los derechos de todos/as nuestros niños/as. Es urgente un Estado social que busque remitir las circunstancias que llevan a los niños/as a vincularse con el delito, a ser el último eslabón de cadenas delictivas. Es urgente que se obligue a todos los funcionarios y organismos del Estado a cumplir la ley de promoción y protección de derechos de los niños/as, consagrada en nuestro país hace casi 12 años.

El periodismo también debe cumplir las leyes, de lo contrario están cometiendo un delito. Disfrazado de un sentimiento de compasión sobre la niñez que sufre, están propiciando mayores sufrimientos para nuestros niños/as, están propiciando el despliegue de políticas de exterminio de la niñez pobre en nuestro país.

La carta de la Jueza de Menores de la 4 Nominación de Rosario, Dra. María Dolores Aguirre Guarrochena al periodista Jorge Lanata, enumera la cantidad de aberraciones en que incurre el periodismo irresponsable, que inscribe en una “serie de prácticas profesionales éticamente cuestionables, entre las que se destacan (sin negar otras): no haber protegido al niño en su derecho a la intimidad; haberlo expuesto a riesgos de sufrir represalias; haber mostrado al niño en términos y de modo estigmatizante (amén de estereotipado); haber reforzado una mirada punitivista (aunque sea involuntariamente); no haber actuado con sensibilidad frente a un niño; no haber tomado los recaudos elementales a la hora de obtener el permiso del niño y el de sus representantes legales (preferentemente, por escrito); no haber evaluado suficientemente las posibles derivaciones políticas, sociales y culturales del reportaje; haber difundido el entorno comunitario del niño (la simple pixelación del rostro de este muchachito no satisface adecuadamente las exigencias que imponen su protección), no haber informado al niño sobre la publicación de la nota a través de cualquier medio escrito, entre las más destacables”.

Como consecuencia de las repercusiones negativas de este aberrante tratamiento mediático, el Gobierno resuelve aplazar el envío del proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil para su tratamiento en el Congreso. Una vez más, la suerte de los niños, niñas y adolescentes queda supeditada al mercado de los réditos electorales y no al “interés superior” que consagran todos los estándares normativos.

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